Un difícil inicio tuvo la tramitación del proyecto de sala cuna en la Cámara de Diputados.
Este martes la propuesta aterrizó en la instancia y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, llegó a la comisión de Trabajo para defender los principales ejes de la iniciativa y, particularmente, su fórmula de financiamiento.
La propuesta establece una nueva cotización de 0,35% de cargo del empleador para financiar el Fondo de Sala Cuna, pero busca evitar un incremento adicional del costo de contratación mediante una rebaja equivalente en la cotización al Seguro de Cesantía.
La fórmula, sin embargo, abrió un flanco para el Ejecutivo justo cuando intenta acelerar la tramitación de la iniciativa.
Tras reunirse el lunes con Rau, los 14 diputados del Partido de la Gente (PDG) manifestaron su disposición a respaldar la propuesta legislativa, pero cerraron la puerta a que su financiamiento implique reducir los aportes destinados al Seguro de Cesantía.
La definición pone presión al gobierno para encontrar una salida que permita asegurar los votos necesarios para el avance del proyecto, al que el Ejecutivo otorgó discusión inmediata.
La subjefa de la bancada, Tamara Ramírez, sostuvo que existe disposición para avanzar, pero señaló que solicitaron al Ejecutivo antecedentes y proyecciones que permitan conocer cómo se sostendrá el fondo “a 5, 10 o 15 años”.
Más categórico fue el diputado Patricio Briones. “El Seguro de Cesantía no se toca”, afirmó, al plantear que el Ejecutivo debe revisar la fórmula.
La controversia se produce pese a que la actual administración defendió ante los parlamentarios que el diseño es sostenible y que no supone retirar recursos actualmente acumulados en el Seguro de Cesantía, sino reducir parte de las cotizaciones futuras que realizan los empleadores.
Rau da cuenta por el deterioro del empleo
Sala Cuna no fue el único frente que enfrentó Rau este martes. Horas después, el ministro debió asistir ante una sesión especial de la Cámara convocada para abordar el complejo escenario laboral.
Para explicar la debilidad en la creación de puestos de trabajo, apuntó a una combinación de factores persistentes y cíclicos. Entre los primeros destacó el aumento de los costos laborales asociado al salario mínimo, la reducción de la jornada y la reforma previsional, además de una mayor exposición de Chile a la automatización.
A esto sumó elementos coyunturales que han golpeado la economía durante 2026, especialmente la debilidad de la demanda interna, el menor dinamismo de la inversión y el consumo y el deterioro de la confianza de empresas y hogares.
Con relación a la agenda que viene, Rau adelantó cuatro nuevas iniciativas legales en elaboración. Entre ellas, un paquete para modernizar el mercado laboral que considera extender la posibilidad de pactar bandas horarias a todos los trabajadores, avanzar en polifuncionalidad, ampliar el contrato de aprendizaje e incorporar un contrato a prueba.
A ello se añade la evaluación de un sistema voluntario de indemnización por años de servicio a todo evento y una reforma integral al Sence (que están trabajando junto al ministerio de Ciencia), con foco en reconversión digital. El ministerio también trabaja en la implementación del Subsidio Unificado al Empleo, prevista para octubre.
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