El segundo día de audiencia, en el Palacio de la Paz de La Haya, al empresario español Roberto Cuadrado le empezaron a preguntar por Nevada. Que si su empresa había declarado impuestos en Estados Unidos, que si tenía una cuenta bancaria abierta en ese estado, que si llevaba estados financieros, que si existía un arriendo de oficina a su nombre.
A todo respondió que no. O que no sabía.
La empresa en cuestión se llamaba Lynton Trading y estaba inscrita en Nevada desde 2006. Con esa sociedad, Cuadrado y su socio chileno, el empresario Luis Fuentealba Meier, le reclamaban a Ecuador US$ 214 millones por los casinos que perdieron cuando los ecuatorianos votaron prohibir el juego en 2011.
Aquella audiencia fue en febrero de 2025. Y siete meses después el tribunal resolvió que Lynton no desarrollaba actividades comerciales importantes en Estados Unidos y cerró el caso sin discutir si hubo o no expropiación.
No contentos con el resultado, el pasado 4 de junio los dos volvieron a demandar a Ecuador, esta vez a título personal. El lugar elegido fue el Ciadi, el centro de arbitraje del Banco Mundial radicado en Washington donde llegan a parar las cientos de disputas entre inversionistas extranjeros y Estados.
Según conocedores del litigio, reclaman más de US$ 300 millones y los alegatos son prácticamente los mismos que los expuestos ante La Haya. La diferencia es que ahora los demandantes son personas naturales.
En Chile los Fuentealba Meier son parte del puñado de familias que vive del juego. Operan los casinos de Talca y Puerto Natales, y en la industria los describen como el “cuarto actor” de un negocio donde dominan Dreams, Enjoy y Marina del Sol.
Acá tienen varios frentes abiertos, aunque el más largo e importante, ese que arrastran desde 2011, está en Ecuador.
El comienzo
Luis Fuentealba Meier, fundador y controlador del grupo, empezó operando casinos. El primero fue el de Iquique en 1989, cuando la corporación que hoy encabeza todavía no existía. Años después, en 1993, se quedó con el casino de Puerto Natales, que el grupo administra hasta hoy.
Luego Fuentealba Meier saltó a Perú, donde llegó a operar casinos en Chiclayo, Trujillo, Lima y Tacna. En el país vecino también está constituida la Corporación Meier SAC, la sociedad que sigue siendo la matriz del grupo. Los Meier, a pesar de ser chilenos, se definen como un grupo de inversión chileno-peruano. Según cuentan entendidos, su fundador vive entre ambos países.
En 2022 vendieron toda la operación de los casinos peruanos por unos US$ 15 millones y se quedaron con los inmuebles, que siguen administrando hasta hoy.
Además, en dicho país mantienen un negocio agrícola. Son 200 hectáreas de uva de mesa plantadas en el desierto, en la zona de Ica y Pisco, que salen a Asia, Estados Unidos y Europa. También manejan un family office con inversiones financieras.
Golpe de Correa
El negocio ecuatoriano lo levantó Luis Fuentealba junto a Roberto Cuadrado, un empresario español radicado en EEUU. En 2006 los dos constituyeron en Nevada la sociedad Lynton Trading Ltd., una entidad que, según explicaron después a La Haya, buscaba consolidar las inversiones que ya tenían en los juegos de azar en Ecuador. Aguas abajo manejaban 18 casinos, salas de juego y locales asociados en Quito, Guayaquil y Manta.
El 7 de mayo de 2011 los ecuatorianos fueron a las urnas a votar en un plebiscito. En la séptima pregunta de la consulta que impulsó Rafael Correa se les pedía decidir si prohibían “los negocios dedicados a los juegos de azar, como casinos y salas de juego”. Ganó el sí.
Cuadrado declaró que el 9 de marzo de 2012 la policía entró a sus instalaciones, incautó y destruyó las máquinas y clausuró las operaciones. Este hito, acusan distintas fuentes de la compañía, significó la pérdida de inversiones, el cierre de operaciones y el despido de múltiples trabajadores especializados.
10 años después fueron a cobrar. Ecuador y Estados Unidos tenían firmado un tratado que les permitía a las empresas estadounidenses llevar al Estado ecuatoriano ante un tribunal internacional cuando consideraran que les habían pasado a llevar sus inversiones, y Lynton, inscrita en Nevada, entraba en esa categoría. En 2022 notificó el arbitraje y pidió US$ 214 millones, alegando que sus operaciones cesaron “por completo” a raíz de la conducta “ilícita y expropiatoria” de Ecuador.
Durante el arbitraje Ecuador no discutió si hubo o no expropiación. Su defensa invocó la cláusula de denegación de beneficios del tratado, que permite dejar fuera de la protección a las empresas controladas por nacionales de terceros países cuando no tienen actividad real en el lugar donde están inscritas. Lynton era de un chileno y un español, estaba en Nevada y su escritura había sido revocada dos veces.
Finalmente, el 26 de septiembre de 2025 el tribunal le dio la razón a Ecuador, por dos votos contra uno. Concluyó que la demandante no desarrollaba “actividades comerciales importantes” en Estados Unidos.
El segundo intento
Del nuevo arbitraje se sabe poco. Estos procesos son reservados y el Ciadi apenas publica una ficha con lo básico: la fecha de registro, el estado del caso -que aparece como pendiente- el nombre y la nacionalidad de los dos demandantes, los tratados que invocan y una descripción de la materia en disputa. No hay monto ni escritos, y el tribunal todavía no se constituye.
Lo que sí aparece son los abogados. Por Ecuador, la Procuraduría General del Estado. Por los demandantes, dos estudios de Miami: Homer Bonner Jacobs Ortiz & Dimond y Rivero Mestre (ver recuadro).
Cercanos a la familia Meier dicen que saben bien que un litigio así toma años y cuesta mucha plata, y que están dispuestos a esperar e invertir en abogados porque, aseguran, tienen “un caso sólido”. Otro lo dice de otra forma: “Si ganan, son US$ 300 millones”.
La ficha del Ciadi no dice por qué demandan, aunque distintas voces al tanto del caso señalan que los alegatos son prácticamente los mismos que expusieron en el arbitraje anterior ante La Haya. Y según pudo confirmar DF MAS, Cuadrado y Fuentealba Meier ya eligieron a su árbitro. Es Carlos Concepción, un abogado de Miami dedicado hace años al arbitraje internacional, que ya ha integrado tribunales del Ciadi. Ahora Ecuador tiene que nombrar al suyo, y el tercero -que preside- lo eligen las dos partes de común acuerdo.
Recién todo está empezando. Y todo indica que se tratará de un juicio que durará varios años.
Los frentes en Chile
Durante agosto la Superintendencia de Casinos abrirá las ofertas por permisos de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón. Esas plazas quedaron disponibles el año pasado, cuando Dreams devolvió las licencias de Iquique y Enjoy hizo lo mismo con los otros tres. Y por eso, la Corporación Meier le pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) suspender el proceso.
Uno de sus argumentos es el siguiente: tres de las cuatro plazas en juego -Viña del Mar, Coquimbo y Pucón- son las que la FNE identificó como activos de Enjoy cuando revisó la fusión que esa empresa negociaba con Dreams, operación que la propia Fiscalía objetó y que las dos terminaron abandonando en medio de la investigación por colusión. Si Dreams se queda ahora con esos tres casinos, plantean, el mercado va a terminar igual o peor que si esa fusión se hubiera aprobado.
No es su primera pelea con ellos. En 2025 los Meier se hicieron parte del juicio por colusión que la Fiscalía le sigue a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, para pedir que se dejen sin efecto los permisos que las tres obtuvieron en 2020 y 2021.
“Como operador peruano, invertimos en Chile confiando en un marco regulatorio estable y en reglas claras”, dice a DF MAS Rodrigo González Ormazábal, abogado de Corporación Meier. “Sin embargo, esas reglas fueron modificándose durante el proceso, generando diferencias de trato entre operadores. Mientras a algunos se les otorgaron facilidades, a otros se les impusieron exigencias considerablemente más estrictas”.
Por ejemplo, critican ofertas económicas cuyo pago se autorizó en cuotas mientras a los operadores chicos se les exigía al contado, y empresas investigadas por colusión que siguen participando en licitaciones nuevas.
El abogado de los Meier también apunta al juego online: “Opera sin las mismas cargas regulatorias y compite con operadores sometidos a una regulación mucho más exigente”.
En Talca tienen dos frentes. Uno es su propio casino, que perdieron en la licitación de 2023 frente a Dreams y que sigue funcionando hasta que el ganador abra el suyo. Ahí sostienen que la licencia de 15 años nunca se cumplió de verdad, entre el terremoto de 2010, los meses de paralización y la pandemia, sin que nadie les ajustara el plazo.
El otro frente es el casino nuevo, el que Dreams construye en el Parque Ferial del Maule y que tiene fecha de inauguración en noviembre. Contra ese proyecto sumaron al penalista Juan Carlos Manríquez, que patrocina una querella por delitos económicos y ambientales. Acusan que el terreno está en un sector con riesgo de inundación y cerca un humedal urbano, que hubo cambios en el destino de suelos que estaban ligados a fines públicos y que existirían diferencias entre el proyecto que se autorizó y las obras que se ejecutan.
“Las acciones penal ambientales y por delitos económicos ejercidas en Talca tienen por finalidad visibilizar posibles infracciones gravísimas a la institucionalidad, a la confianza, a las reglas del juego y evitar la ventaja por infracción, que en este caso no sólo dañan o ponen en serio riesgo el ambiente, sino que por sobre todo la confianza y la fe puesta en los órganos reguladores y en quienes deben custodiar estos valores fundamentales en una industria tan compleja como la industria de casinos”, dice Manríquez a DF MAS.
“Todo ello, junto con otros antecedentes, ha motivado que estemos preparando diversas acciones legales, tanto en Chile como en el ámbito nacional e internacional, para resguardar nuestros derechos como inversionista extranjero y contribuir a que se restablezcan condiciones de igualdad, certeza jurídica y respeto por las reglas del juego”, cierran desde la compañía.
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Mateo Navas
