La Mesa Regional de Inversiones del Biobío, comenzó a sesionar hace dos semanas. El objetivo inicial es destrabar 27 proyectos de inversión, una cartera de iniciativas que en conjunto suman US$ 2.452 millones y podría generar unos 3.800 empleos directos.
La instancia opera bajo la coordinación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, entidad encargada de agilizar la tramitación de proyectos frente a las definiciones sectoriales del aparato estatal, una vez superada la evaluación ambiental.
El jefe de la repartición, Pablo Eguiguren, precisó a DF Regiones los alcances del trabajo del organismo. “Esta oficina cumple un rol de coordinación dentro del Gobierno (…) Porque cuando un proyecto de inversión requiere permisos sectoriales, tiene que relacionarse con más de 30 organismos distintos”, detalló. En este escenario, la OASI no otorga resoluciones de forma directa, sino que interviene analizando la regulación para que “sea consistente y coherente”, buscando siempre “el menor costo posible sobre quien solicita un permiso”.
Puntos críticos
Para focalizar los esfuerzos, el organismo utilizó datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), identificando los puntos críticos más frecuentes en el proceso. El análisis arrojó que la Dirección General de Aguas (DGA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas son las entidades que plantean la mayor cantidad de complejidades para agilizar la entrega de autorizaciones.
“Los permisos que tienen el récord de ser los más demorosos son de obra hidráulica mayor que entrega la Dirección General de Aguas y los permisos de otorgamiento de concesión marítima mayor de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas”, detalló Eguiguren. ¿Qué implica esto en la práctica? “Un tranque de relave de un proyecto minero o acueductos que sean importantes, obras hidráulicas relevantes, requieren ese permiso y demora en promedio tres o cuatro años desde el comienzo de la solicitud hasta que finalmente sale la resolución o el decreto”.
En la misma instancia, OASI compartió información donde mostraba que el organismo que acumula más permisos pendientes es precisamente la DGA.
Carta Gantt
Frente a la lentitud del sistema, OASI se encuentra mandatada por una Carta Gantt definida en la Ley MAS, que fija los “silencios administrativos” y plazos máximos legales para el próximo año.
Para asegurar el cumplimiento de este cronograma, Eguiguren explicó que la sola imposición de límites de tiempo no garantiza la agilización de los trámites. “La ley te puede mandatar a que un permiso salga en 60 días”, pero advirtió que “no sacamos nada con poner un plazo legal si después no están los recursos tecnológicos o humanos para cumplirlos”.
Por ello, recalcó que resulta imperativo intervenir y optimizar la gestión interna de los organismos antes de que los nuevos estándares de la ley entren en plena vigencia. En esta línea, la oficina se encuentra estudiando los flujos de trabajo en el aparato público para entender qué etapas del proceso interno se pueden simplificar, automatizar y optimizar, ya sea con nuevas plataformas tecnológicas o con el uso de inteligencia artificial para revisión de expedientes.
“Lo que estamos haciendo con el equipo es entrar al detalle de la gestión interna para que el servicio correspondiente efectivamente pueda cumplir, ya sea con nuevas plataformas tecnológicas, ya sea con el uso de inteligencia artificial para revisión de expedientes, que es un tema que estábamos trabajando con la Subsecretaría para las FFAA. Los estamos ayudando todo lo posible para que una vez que la ley entre en full vigencia, los servicios estén en condiciones de cumplir”.
A diferencia de iniciativas anteriores impulsadas por el Estado, OASI nace al amparo de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley MAS), lo que le otorga un mayor sustento político e institucional, con atribuciones legales para exigir el cumplimiento de acciones por parte de otros organismos públicos. Su origen normativo garantiza la continuidad de sus funciones frente a cambios de gobierno.
Ecosistema del Biobío
La decisión del Ejecutivo de iniciar el despliegue operativo en Biobío responde a las condiciones de su ecosistema productivo. “Estimamos que en la región hay un muy alto nivel de articulación entre gremios, empresas y servicios públicos. Esa es la articulación que queremos potenciar”, argumentó Eguiguren.
El trabajo intersectorial, que es presidido por el Seremi de Economía y que cuenta con el apoyo presupuestario del Gobierno Regional, entregó resultados inmediatos. “Por el sólo hecho de conformar la Mesa Regional de Inversión logramos ampliar el catastro desde siete a 27” iniciativas en seguimiento, subrayó el jefe de la OASI.
El éxito en la materialización de estas obras resulta vital para alcanzar las metas macroeconómicas del país, alineándose con las proyecciones del Banco Central que estiman un crecimiento de la inversión de 8% para el próximo año.
“Para crear empleo de verdad, con buenas condiciones, empleo formal, se requiere inversión. Eso es como una norma básica de la economía”, concluyó Eguiguren, destacando que el impacto de destrabar estos proyectos supera la mano de obra directa, ya que genera “movimientos con proveedores” y un encadenamiento productivo amplio que resulta determinante para reactivar la actividad económica regional.
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