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Alto contrasteDe anatocismo y otras malas hierbas
CECILIA CIFUENTES Economista, directora Centro de Estudios Financieros del ESE, UAndes
Cecilia Cifuentes
Ha sido imposible para los últimos gobiernos cumplir sus compromisos programáticos, producto de la fragmentación y polarización política que enfrentamos. Es entonces un éxito que el actual haya sacado adelante la Ley de Reconstrucción. Lamentablemente, no podemos decir que estemos dejando atrás los disensos políticos ni menos el populismo, ingredientes de muy mal sabor en la receta de un desarrollo sostenible.
La reforma es un paso importante en la dirección correcta, porque avanza hacia mayor crecimiento económico, condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la población y recuperar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no es suficiente; se requieren cambios en materia laboral, de mercado de capitales, de educación y de eficiencia del Estado. Tanto o más importante es mejorar la calidad de la política. El desarrollo de los países descansa esencialmente en sus instituciones, que se han deteriorado fuertemente en los últimos 15 años.
Hace un tiempo escuché decir a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo que las dos profesiones más importantes para el desarrollo de los países eran los profesores y los políticos. Tiene toda la razón. Y por eso el camino al desarrollo para Chile tiene piedras bastante grandes que es necesario remover.
“Vuelve a hacerse evidente la urgencia de reformar el sistema político. No es una panacea, pero permite ir corrigiendo los incentivos a la polarización y al disenso constante de nuestros políticos”.
La discusión de la Ley de Reconstrucción habla mal de la calidad de nuestros políticos. Siguieron siendo protagonistas las consignas falsas —“el ministro de Hacienda es el Robin Hood de los súper ricos”—, propias más de un reality show que de un parlamento. Pero más graves que los Reels y TikToks para la galería, son las indicaciones introducidas, que dañan precisamente lo que requiere mejoría; nuestras reglas institucionales y la certeza jurídica sobre ellas.
Como no se dieron las condiciones para una negociación seria con el socialismo democrático (ganaron los extremos de ese grupo), hubo que ceder al populismo del PDG, con un proyecto separado, “Alivio Clase Media”, que crea un fondo de US$ 100 millones para pañales y medicinas junto con medidas tributarias para las pymes, todas alejadas de un diseño razonable de política pública.
Las indicaciones parlamentarias posteriores fueron mucho peores, y recuerdan los nefastos retiros de fondos de pensiones. El listado, por orden de gravedad, incluye la prohibición del anatocismo (¿cómo lo harían los fondos de pensiones?), la reconexión de servicios básicos a los morosos en zonas de catástrofe, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días; todas de parlamentarios de izquierda que, con el voto de un par de centro, lograron aprobarse. A ellas se suma una indicación muy cuestionable del senador Carter, que el gobierno hizo suya; créditos tributarios para que las empresas financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores y sus familias. Se introduce así una discriminación compleja en una materia como la salud, donde las políticas públicas deberían apuntar justo en la dirección contraria.
En definitiva, el populismo parlamentario terminó dañando seriamente la señal que la aprobación del proyecto daba al mercado; la de ir dejando atrás más de una década perdida de desarrollo. Vuelve a hacerse evidente la urgencia de reformar el sistema político. No es una panacea, pero permite ir corrigiendo los incentivos a la polarización y al disenso constante de nuestros políticos.
