La caída acumulada de más de 10% por el fondo E, entre enero y septiembre de 2026, abrió un nuevo frente para las AFP. Dos afiliados presentaron las primeras acciones judiciales dirigidas contra sus administradoras por el desempeño del selectivo más conservador del sistema de multifondos.
Los recursos de protección fueron ingresados ante las cortes de apelaciones de Santiago y Puerto Montt, en contra de AFP Capital y UNO, respectivamente.
Las acciones, que se basan en la garantía del derecho de propiedad, entre otros, se sumaron a los cuestionamientos que han enfrentado las administradoras por la gestión del fondo E.
Las gestoras aumentaron su exposición a instrumentos de largo plazo y derivados de tasas de interés, particularmente swaps, con una estrategia que obtuvo buenos resultados mientras las tasas bajaron, pero que provocaron un abrupto retroceso cuando subieron, especialmente en Estados Unidos.
El recurso contra AFP UNO fue presentado por el afiliado Miguel Ángel Gómez, quien señaló que mantiene voluntariamente la totalidad de sus ahorros obligatorios en el fondo E. En su escrito acusó a la gestora de cometer una “infracción grave al estándar de deber fiduciario” y de actuar con “culpa profesional” en la administración de su patrimonio previsional, con una estrategia que calificó de “temeraria”.
También, apuntó a una “desnaturalización” del fondo E debido a la alta exposición del selectivo a instrumentos de largo plazo: “Estos instrumentos de control de la Superintendencia (de Pensiones) demuestran técnicamente cómo se destruyó la esencia conceptual del ‘refugio’ previsional, transformándolo en un vehículo financiero altamente volátil que no cumple con el objeto legal de seguridad previsional”.
Entre sus peticiones, requirió que la AFP recalcule y restituya las sumas y cuotas que, planteó, se depreciaron por la estrategia de inversión.
Además, solicitó una orden de no innovar para suspender, mientras se tramita la causa, la contratación o renovación de swaps de tasas y la inversión en renta fija con vencimiento superior a cinco años que involucren sus ahorros en el fondo E.
En el escrito contra Capital, el afiliado Mario Rebolledo expuso el perjuicio que según planteó, le habría provocado la caída del valor de sus ahorros y solicitó que se esclareciera la actuación de la AFP.
“Considero necesario que se esclarezca si las operaciones efectuadas con recursos correspondientes a los fondos en los que mantengo mis ahorros se ajustaron a la normativa vigente, a los límites de inversión aplicables y a los deberes de administración exigibles a la recurrida”, indicó.
Viabilidad de los recursos
Respecto de la viabilidad de los recursos, el director del magíster en justicia constitucional de la Universidad Autónoma, Juan Pablo Díaz, comentó que el avance de los recursos de protección ingresados dependerá de “la garantía constitucional del recurso, porque hay garantías que están consideradas en el de protección y otras no. El derecho de propiedad está garantizado expresamente, pero no así la seguridad social. Ese es un primer punto que debe resolver la corte”.
En tanto, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, indicó que en el caso de una eventual restitución, se “exigiría acreditar una administración negligente, su relación causal con la pérdida y el monto que corresponde a cada afiliado, lo que supone un debate probatorio propio de un juicio de lato conocimiento y no de una acción de urgencia como la acción de protección”.
En todo caso, agregó, la eventual responsabilidad de las gestoras puede discutirse por otras vías: “La Superintendencia de Pensiones puede fiscalizar y, en su caso, sancionar si hubo infracciones. Y los afiliados pueden interponer una acción civil de indemnización para obtener la restitución de lo perdido, si se acredita la culpa de la AFP y el daño”.
La solicitud de Provoste y Castro
La caída del fondo E no solo abrió un flanco judicial para las AFP, sino que también, a nivel político.
Este lunes, los senadores de oposición Yasna Provoste (DC) y Juan Luis Castro (PS) solicitaron a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), realizar una sesión especial para evaluar el tema, lo que pondría nuevamente a las administradoras en el centro del debate, pese a que se espera que sean citados el ministro del Trabajo, el superintendente de Pensiones, el presidente del Consejo Consultivo Previsional y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La senadora Núñez estaría estudiando concretar la instancia. Ello se suma a la eventual creación de una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados que busca impulsar la bancada PPD e independientes.
Por el lado de las AFP, el sábado PlanVital se comunicó con sus afiliados respecto a la caída del fondo: “En los últimos meses, hemos reducido algunas inversiones y estrategias que actualmente presentan una relación menos conveniente entre riesgo y retorno”
“Todas nuestras decisiones de inversión cumplen la ley, el régimen de inversión y las normas de la Superintendencia de Pensiones”, agregó.
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