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Publicado: Viernes 10 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ordenó iniciar una investigación contra Socofar, matriz de Cruz Verde, relacionada a las compras que ha realizado la compañía de los centros médicos oncológicos Oncoisa y Red Vida.
Según el documento de la FNE, la investigación se fundamenta en que las operaciones en cuestión, inciden en rubros de alto impacto para los consumidores en general, como son el mercado de la prestación de salud y el ámbito farmacéutico. Además, que en caso de que Socofar comprara otro distribuidor de medicamentos “podría incrementar la participación de un actor relevante en los mercado de distribución mayorista y minorista de medicamentos a nivel nacional”.
A esto agrega la Fiscalía que ante la ausencia de datos públicos relativos a las participaciones de mercado de los prestadores y distribuidores adquiridos por la compañía, “resulta imposible para este servicio determinar el grado de concentración” resultante de las compras.
Por lo mismo, para realizar mayores indagaciones para obtener información con mayor detalle y así evaluar el riesgo anticompetitivo, se decidió iniciar la investigación.
Primeras medidas
Las indagaciones de la FNE partieron en mayo, tal cual informó Diario Financiero entonces, aunque inicialmente se pensaba que éstas estaban dirigidas a las cláusulas anticompetencia que contenían los contratos de compraventa.
Según contaron cercanos en mayo pasado, hasta el organismo fiscalizador habrían llegado antecedentes de que Socofar -controlada por Guillermo Harding- habría firmado nuevos contratos con cláusulas que tendrían extensión por periodos de 10 años. Entre las compras bajo escrutinio estarían las firmas Redsana, Oncoisa y Oncovida, señalan entendidos, quienes agregan que incluso las mismas cláusulas se habrían establecido en la salida de algunos ex ejecutivos de la compañía.
La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
Un análisis del Estudio La Firma, integrada por exasesores del Ministerio del Trabajo, estimó que las modificaciones al diseño original de la iniciativa podrían reducir en cerca de 26% su potencial de creación de empleo femenino.