El Tribunal Constitucional (TC) comenzó este miércoles la jornada de audiencias públicas en la que 56 organizaciones y personas jurídicas expondrán sus argumentos sobre las dos normas impugnadas por la oposición ante el organismo que incluye el proyecto de reactivación -aprobado por el Congreso- relativas a la invariabilidad tributaria y la restitución de fondos por anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Las exposiciones comenzaron a las 9 horas y corresponden exclusivamente la participación de terceros interesados que representan un interés colectivo. Cada organización tiene cinco minutos para exponer y entre los participantes se encuentran centros de estudios, organizaciones medioambientales; y entidades gremiales.
Entre los expositores se cuentan la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso.
Desde el mundo sindical, destacan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Trabajadores del Cobre y distintas federaciones de trabajadores de la minería y la salud.
A nivel de centros de estudio, se consideran a Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Universidad del Desarrollo, Fundación Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI, el Programa de Reformas a la Justicia UC e Instituto Igualdad. También, el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile y el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile.
Además, estarán presentando su opinión diversas organizaciones ambientales como Fundación Terram, Fundación Greenpeace Pacífico Sur, y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La nómina también incorpora organizaciones vinculadas a pueblos originarios como la Asociación Indígena Consejo de Pueblo Atacameños, el Foro Indígena sobre Cambio Climático y la Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan.
Para la jornada de mañana jueves están contemplados los alegatos de las partes en conflicto. Por el lado de los parlamentarios de oposición que presentaron los requerimientos encabezados por Jorge Correa Sutil; y por el lado de la defensa de las normas aprobadas en representación del gobierno, Arturo Fermandois.
Las exposiciones
Por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, AG; expuso el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, en su calidad de abogado experto en derecho administrativo en defensa de la constitucionalidad de las microrelocalizaciones de cultivos.
Sostuvo que “imaginemos una jaula de salmones instalada hace 30 años en los fiordos del sur, hoy se señala que moverla 300 metros, sin producir un kilo más -que es la discusión de la norma en el proyecto- mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría los impactos; eso es una microrelocalización”.
Afirmó que “mover la jaula es para proteger el mar y no algo inconstitucional. Lo que presenta el requerimiento en este punto no es problema de constitucionalidad, es un desacuerdo de mérito legítimo, pero eso se resuelve en sistema democrático y no ante sus señorías”.
Cordero agregó que “hay una confusión de los requirentes que tienden a focalizar la protección ambiental en un solo instrumento que es el SEIA, pero ese es solo uno de los instrumentos para la evaluación ambiental” asegurando que “este no es un caso de regresión ambiental”.
Luego por el Consejo del Salmón expuso el abogado Matías Mori, quien indicó que “las normas en materia de relocalización gozarob de apoyo político de carácter transversal en el Congreso y se trata de beneficios económicos verificables como generación de empleos”.
Sostuvo que el requerimiento “no puede prosperar por razones técnicas, se basan en reservas de constitucionalidad de dos diputados que no cumplen con requisitos para ser acogidos. Se refieren a una norma que no contiene la palabra relocalización y el segundo reprocha la enmienda en el Senado que modifica los requisitos de relocalización porque no hubo un procedimiento de consulta indígena, entonces, se critica el proceso de formación de la ley y no el proyecto”.
En tanto, por el Centro de Estudios Públicos CEP, intervino el economista Rodrigo Vergara sobre la invariabilidad tributaria. Señaló que “mientras mayor a nivel de incertidumbre en un país en distintos ámbitos, incluidos el tributario, mayor será el premio que exigen los inversionistas para realizar una determinada inversión” y es por eso que distintos estados en distintos periodos de tiempo han establecido mecanismos para agotar dicha incertidumbre.
Recordó que en Chile “cuando se eliminó el DL 600 que incluida la invariabilidad tributaria. El razonamiento fue que Chile había alcanzado tal grado estabilidad que no era necesario tenerla, la realidad posterior nos ha enseñado que, desgraciadamente, nuestra apreciación no era el todo correcta, y el argumento para eliminar la posibilidad de estos contratos ley, siempre fue que ya no eran necesario por el grado estabilidad que había alcanzó al país, no que eran inconstitucionales”.
Por la Fundación Greenpeace Pacífico Sur intervino Roxana Núñez, quien señaló que “una micro relocalización puede ser pequeña en el mapa, pero significativa para la naturaleza y para el océano de la Patagonia”.
Agregó que “excluir estos desplazamientos de evaluación ambiental, no constituye únicamente una simplificación procedimental, como se puede pensar, sino una disminución de un mecanismo de prevención. Se busca acceder a sectores prístinos en la Patagonia, pero al mismo tiempo tener menos control del Estado”.
La ambientalista manifestó que “no es acertado presumir que el por eso sólo empleo de un criterio cartográfico. Puede asegurarse que una nueva localización no generará impactos en el océano, y que por lo tanto, no requiere evaluación”.
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