La Policía de Investigaciones (PDI) perició las oficinas de Molycop en Providencia y Talcahuano, como parte de las acciones investigativas por una denuncia de estafa interpuesta por la Compañía Siderúrgica Huachipato. La acción judicial se inició a mediados de 2025 cuando la filial del grupo CAP acusó el no pago de una compra spot de más de 10 mil toneladas de acero, avaluada en $ 7.598 millones.
De acuerdo a la información entregada por Molycop a DF Regiones, el procedimiento, que tuvo lugar el 7 de octubre, se realizó “en el marco de una investigación desformalizada que se viene desarrollando por alrededor de dos años”.
A través de una declaración pública, la compañía detalló que las diligencias policiales fueron autorizadas por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y se desarrollaron en un contexto de “total normalidad”, agregando que “Molycop colaboró con el procedimiento y entregó los antecedentes que le fueron requeridos”.
Socios estratégicos
La relación de socios estratégicos entre la acera Huachipato y Molycop, fabricante de bolas de acero para la molienda minera, es de larga data. Previo al escenario económico que afectó a la industria del acero, Molycop compraba alrededor de 70% de la producción de la usina. Sin embargo, tras su cierre en 2024, la siderúrgica interpuso una querella contra el que hasta ese minuto había sido uno de sus principales clientes, acusando un eventual delito de estafa.
El conflicto, según cita Radio Bío Bío, comenzó durante la renegociación de un contrato de abastecimiento firmado en 2022, que se habría visto afectado luego de que se implementaran salvaguardas contra la importación de acero chino. Esto llevó a Molycop a solicitar un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santiago en julio de 2024, acusando incumplimientos de este parte de Huachipato.
El conflicto escaló en agosto de ese año, cuando Huachipato ya había iniciado su proceso de cierre paulatino y despachó el pedido. Según la denuncia de la siderúrgica, la contraparte desconoció los compromisos, sugiriendo que la empresa celebró el negocio a sabiendas de que no cancelaría los más de $ 7.500 millones involucrados en la compra.
Desde Molycop declararon que “los antecedentes proporcionados (en las recientes pericias) hasta ahora no son suficientes para presumir fundadamente la participación de ninguna persona en particular en un eventual delito de estafa”.