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Publicado: Jueves 25 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
La nueva Ley de Bancos no sólo implicará nuevos requerimientos de capital alineados a los estándares de Basilea III. También deberán enfrentar desafíos tecnológicos y culturales.
El socio y director ejecutivo del Centro de Estrategia Regulatoria para LATAM de Deloitte, Jorge Cayazzo, comenta a DF que Basilea III “es altamente demandante en sistemas de información”.
Explica que “al interior de las instituciones financieras deberán revisar y muy probablemente mejorar sus plataformas tecnológicas a objeto de disponer de toda la información que van a requerir de parte del supervisor para poder aplicar ya sea modelos internos y/o estandarizados”.
Señala que la norma que definirá el cálculo de los activos ponderados por riesgo (APR) también tendrá implicancias en los sistemas tecnológicos de los bancos, según el esquema que decida la CMF.
El socio de Deloitte menciona que más que una necesidad de adquirir softwares para procesar los modelos “es un rediseño de las plataformas tecnológicas y de los sistemas información”.
Apunta que la banca “está visualizando que tienen que tener sistemas más flexibles”, para procesar la data que requerirá Basilea III.
Los nuevos estándares de capital también significarán un cambio cultural en la industria financiera. “Basilea III lleva el sistema de adecuación de capital desde un mundo simple -que era el cumplimiento regulatorio- a un ámbito de gestión y planificación del capital mucho más complejo”, dice el intendente de supervisión de la exSBIF.
Esto, pues las decisiones de capital quedarán relacionadas a los riesgos que se toman y no por cumplir con una fórmula establecida por ley como era antiguamente.
En el Ciclo 2026 de Conversaciones Entre Códigos, los abogados Paola Cifuentes y Rodrigo Guzmán también participaron en el panel que analizó el nuevo mapa regulatorio que se configura en materia ambiental.
Un levantamiento de Buk muestra que incluso entre las compañías de 200 o más trabajadores, que estarán obligadas a reportar indicadores, prácticamente la mitad nunca ha realizado el ejercicio.
Tribunal de Contratación Pública dijo que “se vulneraron las reglas que disciplinaban el procedimiento licitatorio y, consecuencialmente, el principio de igualdad entre los oferentes”.
Centro de salud mental y la unidad de terapia celular, forman parte de un plan de inversiones por US$ 13 millones, que también incluye un área para la atención de adultos mayores.