Tras varios meses durmiendo, el caso de acusación de colusión de tres grandes cadenas de supermercados está comenzando a moverse.
Esto, porque Walmart, una de las acusadas, a través de su defensa liderada por las abogadas Nicole Nehme y Breatriz Hidalgo, entregaron en el último mes dos informes en el que refutan la tesis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y alegan que está bajo el estándar que se aplica en otras legislaciones.
En el documento que se liberó esta semana se compara la conducta de la FNE con la de otras sedes de libre competencia como el Tribunal Europeo de Justicia, Reino Unido o incluso Estados Unidos y con ejemplos argumentan que la FNE no satisface el estándar legal que les es exigible a otras entidades que cumplen similares funciones.
En concreto, para que exista un ilícito se debe demostrar que, por ejemplo, cuando el primer supermercado manda la información a un proveedor, tenía la intención de que a su vez el proveedor pasara ese mensaje a otro supermercado, y el que la recibe tiene que saber de dónde venía esa información. Por tanto, enfatizan, no son ciertos los estándares legales aplicables a acuerdos, prácticas concertadas y, en específico, a las del tipo hub & spoke (coordinación indirecta a través de un elemento en común que están en distinta escala de la cadena productiva).
Los casos de esa naturaleza no son muchos. En Europa, y en particular en el Reino Unido, -cita el documento- existen algunos de este tipo, como el que ocurrió con uno de los principales supermercados de dicho país, Tesco, en 2011, por imponer conductas abusivas a sus proveedores.
Enfatizan que ni los colaboradores de Walmart Chile, ni tampoco la compañía, “tuvieron la intención, de que esos proveedores comunes usaran la información pública entregada por los primeros para influenciar las condiciones de comercialización de la carne fresca de pollo, o para traspasarle esa información a ejecutivos de la competencia”, añade el escrito.
Falta de pruebas
Aseguran que los correos relevantes entre las cadenas que acompañan el requerimiento no son suficientes. La FNE presentó 153 cadenas de correos electrónicos y en 17 están involucrados uno o más colaboradores de Walmart Chile, como destinatarios o emisores.
“No es posible extraer antecedente alguno que dé cuenta del conocimiento o participación de la compañía en la supuesta regla, acuerdo o práctica concertada que imputa la FNE”, dice el documento.
En total, las diligencias a la empresa involucraron allanamiento a las dependencias, cinco años de investigación, más de 10 GB de información en formato digital, diez cadenas de correos relevantes, más algunos correos relevantes de recepción de costos.
Otro argumento que presentó la defensa, dice relación con que fueron “el primer agente del mercado en viabilizar y desarrollar activamente la importación de pollo congelado, implementando un conjunto de promociones y descuentos para los clientes durante el periodo del requerimiento”.
Es decir, no habrían actuado de modo en que lo afirma la acusación, supuestamente vendiendo siempre la carne fresca de pollo por sobre su costo de adquisición en cumplimiento de una hipotética regla. Lo anterior, aseguran, también generó fuertes quejas de los proveedores por los días que duraban las ofertas.
El proceso está siendo analizado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, luego de haber concluido el periodo probatorio. Falta que se fije una fecha para la vista de la causa.
En los próximos días, además, debería conocerse las observaciones a la prueba que presentarán las partes involucradas en el caso -donde también está Cencosud y SMU-, que fijará la parte final de la estrategia ante el TDLC.
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