Mientras el gobierno chileno optó por mantenerse al margen de la disputa entre Glencore y Antofagasta Minerals (AMSA, controlado por el grupo Luksic) por un botadero que Los Pelambres instaló por error tras la frontera, en la provincia argentina de San Juan, el Ejecutivo del otro lado de la cordillera decidió hacerse parte del juicio civil que involucra a ambas firmas.
En específico, el lunes, el fiscal de la Provincia de San Juan, Guillermo De Sanctis, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°2 solicitando participar del proceso.
Según comentan conocedores del juicio, esto le permitiría al representante de la provincia participar de la audiencia de conciliación convocada por el juez Leopoldo Rago para mañana.
De Sanctis explicó a medios locales que si bien el conflicto es entre privados "tiene connotaciones colectivas. Impacta sobre los derechos colectivos que tenemos como provincia, que somos propietarios del dominio de los recursos naturales, y tenemos que abogar por el componente que tenemos y que constituye el Estado, que es la población nuestra, que tiene derecho a vivir en un ambiente sano como dicen los preceptos constitucionales".
Recalcó el punto señalando que "en función de eso es que venimos a abogar exclusivamente hoy por derechos colectivos o de incidencia colectiva; el medio ambiente como primera cuestión y la propiedad de los recursos naturales".
Consultado sobre si han constatado contaminación en el sector argentino en el que se instaló el botadero Cerro Amarillo, señaló "no tener esa información".
Ante la propuesta realizada por AMSA de efectuar un cierre definitivo del botadero, De Sanctis indicó que "en un primer tiempo, la exigencia de la Provincia de San Juan es que (Los Pelambres) se haga cargo de la escombrera, que la mantengan bajo control, que la blinde, que la cierre. Eso en un primer tiempo, porque pedir 'retiren ya eso, o nada' es absolutamente carente de virtualidad, porque retirar eso lleva años. Mientras tanto tenemos que asegurar que no produzca daños".
La posición de Glencore es que Cerro Amarillo es un pasivo ambiental potencialmente peligroso, que ya ha generado impacto en el medioambiente circundante.
"AMSA parece no entender que la escombrera fue instalada por Pelambres en territorio ajeno, en otro país y que fue construida sin permisos válidos de ninguna naturaleza, lo cual implica que Pelambres no puede proponer como solución definitiva hacer simplemente un cierre en la propiedad de otro y dejar allí 50 millones de toneladas de residuos depositados ilegalmente", indicó en un comunicado el lunes.
Carta de Cancillería
La actividad del gobierno argentino en el conflicto no es novedad. Según consta en el expediente del proceso, la Cancillería trasandina envió una carta en mayo de 2014 a la embajada chilena en Argentina en la que "invita al Gobierno de la República de Chile a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior en el territorio argentino afectado por las actividades de la empresa minera".
AMSA aumentó producción
El grupo Antofagasta Minerals –brazo minero de Antofagasta plc– registró una producción de 157.000 toneladas de cobre en las tres operaciones mineras bajo su control: Los Pelambres, Centinela y Michilla. Esto significó un aumento del 7,2% con respecto al trimestre anterior, cuando se vio mermada la producción por protestas en Los Pelambres e inundaciones en Centinela. Durante el primer semestre, la minera registró una producción de 303.400 toneladas de cobre fino, equivalente a una disminución de 12,9% comparado con el mismo período del año anterior. Al respecto, el CEO de Antogasta PLC indicó que "a pesar de que vimos una recuperación positiva de las interrupciones del primer trimestre, la producción que obtuvimos durante el primer semestre ha sido menor a la que proyectábamos inicialmente para el período".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Argentina
