Los efectos del sistema frontal que golpeó a las regiones de Atacama y Coquimbo resultaron ser mucho mayores de lo previsto. Así lo reconoce el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, quien llegó el sábado a la zona para monitorear en terreno la emergencia y, varios días después, todavía no sabe cuándo podrá regresar a Santiago.
La magnitud de los daños obligó a mantener un despliegue permanente de la autoridad junto a las empresas sanitarias para restablecer el suministro de agua potable y evaluar las consecuencias sobre la infraestructura. Plantas de producción dañadas, pozos inutilizados, tuberías destruidas y sistemas operando con soluciones de emergencia marcaron una contingencia que, a juicio de Rivas, obligará a revisar los estándares con que hoy se diseña la infraestructura sanitaria.
“Tenemos que analizar cómo evitar que esto vuelva a suceder. Probablemente vamos a tener que subir los estándares para construir más infraestructura y lograr soportar eventos como este”, afirmó.
El superintendente explicó que gran parte de los daños se concentró en las fuentes de producción de agua potable. “Los ríos se desbordaron con agua, barro, piedras, troncos y escombros que arrasaron con todo a su paso. La infraestructura nunca estuvo dentro del cauce, pero el río terminó pasando por encima de ella y destruyéndola”, señaló.
Hoy, agregó, algunas plantas operan con generadores eléctricos y soluciones transitorias mientras las empresas avanzan en la recuperación del servicio. “Las sanitarias tendrán que recuperar esa infraestructura de manera definitiva, con obras más robustas. No se puede operar permanentemente con soluciones de emergencia”, sostuvo.
Jorge Rivas, Superintendente de la SISS. Foto: Julio Castro
Daños ascienden a US$ 700 millones
El impacto de la emergencia va mucho más allá de las redes sanitarias. Según el último catastro elaborado por Colliers, los daños provocados por el sistema frontal ya alcanzan US$ 700 millones, más del doble de las estimaciones realizadas al inicio de la contingencia.
De ese total, más de US$ 400 millones corresponden a infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas y servicios básicos, mientras que otros US$ 200 millones se concentran en viviendas. “En infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas y servicios básicos estimamos costos superiores a US$ 400 millones”, explicó el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner.
Para Rivas, el desafío ahora no será solo reconstruir lo destruido. Durante la última década las inversiones sanitarias se enfocaron en enfrentar la megasequía, mediante nuevos pozos, tranques de respaldo y proyectos como la futura desaladora de Coquimbo. Sin embargo, este episodio evidenció un riesgo distinto: lluvias extraordinarias que superaron la capacidad de diseño de la infraestructura existente.
“Ya existían obras pensadas para el cambio climático, pero este evento demostró que quedaron cortas. Antes estos episodios duraban 24 o 30 horas; ahora se extendieron por varios días”, concluyó.
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