Amplio es el debate que Marina del Sol (MDS) –ligada a la familia Imschenetzky– abrió en mayo pasado cuando ingresó al Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) una consulta sobre la compatibilidad de las bases técnicas de cuatro concursos de casinos municipales -Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo- con el estándar de neutralidad competitiva.
Esto, argumentó, pues existirían en ellas ciertas condiciones que restringen la participación de entrantes a los respectivos concursos y “confieren ventajas injustificadas a operadores incumbentes”, como Enjoy o Dreams, sociedades que en 2025 renunciaron a sus respectivos permisos en estos cuatro enclaves de juego.
En una primera instancia, el TDLC validó estos argumentos y ordenó la suspensión del proceso de Viña del Mar, decisión que –no obstante– revocó semanas más tarde tras escuchar los antecedentes presentados por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Desde entonces, diversos actores de la industria han dicho ‘presente’ en la discusión, presentando sus antecedentes. Entre ellos, Corporación Meier, la Municipalidad de Viña del Mar y la Fiscalía Nacional Económica, quienes este martes pusieron sus cartas sobre la mesa.
30% de los ingresos que recibe la municipalidad de viña del mar provienen del casino municipal
La perspectiva de la FNE
A través de un informe de 43 páginas, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, analizó una por una las condiciones especiales cuestionadas por Marina del Sol, como la alta oferta económica mínima solicitada, el acotado plazo para la instalación del nuevo operador en un inmueble, la continuidad laboral del 100% del personal del antiguo casino, entre otras exigencias.
No obstante, concluyó que no se pudo verificar “que alguna de ellas tenga la aptitud de afectar de forma relevante el proceso competitivo”.
En este contexto, determinó que el único riesgo relevante es que los procesos sean declarados desiertos. "La revisión a la baja de dichas exigencias -que persigue la Consulta- sólo reducirían la probabilidad de licitaciones desiertas si tanto las condiciones especiales como el monto mínimo de oferta económica están sobreestimados respecto de las proyecciones de demanda, ingresos y rentabilidad que tenga cada oferente, lo que -como se señaló- no ha sido posible evaluar con los antecedentes disponibles", afirmó.
Recomendaciones de la FNE
Eso sí, en su escrito la FNE entregó una serie de recomendaciones para reducir posibles espacios de incertidumbre en futuros procesos.
Por ejemplo, aconsejó que, con el objetivo de evitar disminuir la competitividad y facilitar acuerdos colusivos o de reparto de mercado, las ofertas mínimas garantizadas para cada casino deberían mantenerse reservadas hasta la apertura de las ofertas económicas.
En cuanto a la mantención del 100% de la plana de trabajadores, en tanto, advirtió efectivamente podría existir una falta de información en el traspaso, que podrían generar costos para el futuro adjudicatario, por lo que recomendó que –para futuros procesos– la SCJ proporcione información clara para que operadores interesados “puedan preparar y evaluar adecuadamente sus ofertas”.
Los otros actores
Quienes también se pronunciaron fueron la Municipalidad de Viña del Mar y Corporación Meier, grupo peruano dueño de los casinos de Talca y Puerto Natales.
La primera –representada por el abogado Felipe Cornejo– sostuvo que la consulta de MDS se sostiene en “una errónea concepción” de la Ley de Casinos y sus modificaciones, por tanto “los aspectos presuntamente anticompetitivos respecto a los cuales se dirige la consulta son meramente aparentes”.
En la instancia, de paso, aseguró que hoy un 30% de sus ingresos propios provienen del casino municipal (cifra que a mayo de 2026 significó unos $ 3.100 millones) por lo que “una interrupción prolongada de estos recursos (si el casino queda inoperativo) afectaría directamente la continuidad y calidad de los servicios que la Municipalidad presta a más de 300.000 habitantes”.
Corporación Meier, en tanto, volvió a solicitar poner término a los cuatro procesos en curso y ordenar a la SCJ realizar una nueva convocatoria, “estableciendo Bases Técnicas completas, refundidas, estables y definitivas desde el día de su publicación”.
Además, pidió –entre otras cosas– que la Superintendencia incorpore como requisito que los representantes legales de los operadores firmen una declaración jurada dando testimonio de que sus ofertas no serán financiadas, "con utilidades provenientes de plazas adjudicadas en los procesos licitatorios de 2020 y 2021"; y, por otro lado, que establezca limitaciones que impidan a un mismo operador o grupo empresarial adjudicarse una cantidad relevante de plazas simultáneamente licitadas, estableciendo topes, “caps” de licencias a nivel nacional y regional.
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