-¿Cuál es la urgencia de implementar modificaciones a las herramientas de libre competencia frente a situaciones de crisis?
- Al realizar nuestro estudio, nos situamos bajo la hipótesis de que esta necesidad de flexibilización podría no parecer urgente ahora, sino en la medida en que se agrave la crisis y que la economía de mercado no pueda operar adecuadamente los mecanismos de control normales establecidos en nuestra ley. Esto puede estar a la vuelta de la esquina. Ante esto, lo ideal sería que nuestro sistema de libre competencia haya pensado de antemano qué requiere flexibilizar y que, en vez de ser visto como un obstáculo, pueda contribuir a la solución.
-¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo?
-El riesgo es que el sistema se vea anulado ante la contingencia. Si las circunstancias empeoran y el gobierno o los empresarios ven que es necesario implementar colaboraciones más intensas, por ejemplo, para asegurar abastecimiento, o acelerar operaciones de concentración, es deseable que se haya pensado ex ante el marco en que se ejecutarán tales medidas y la participación que tendrán las autoridades de competencia en dicho proceso y los mecanismos de predictibilidad.
-Muchos de estos ajustes requieren modificaciones legales que seguramente no serán rápidos, ni fáciles de discutir ¿cuál es la alternativa?
-Si las autoridades de competencia planifican y se adelantan a estas preocupaciones y dan la flexibilidad y certeza a los actores que el momento requiera, podrían mostrar que una modificación legal no es necesaria.
-¿Es suficiente el pronunciamiento que ha tenido la institucionalidad local de competencia frente a la crisis?
-Tanto la declaración pública de la FNE como el Auto Acordado del TDLC son avances en la dirección correcta, pero me temo que no son suficientes.
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