El estudio de abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos puso su foco en las asesorías sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y en materia de Cumplimiento. Así dan cuenta dos de sus socios, el abogado corporativo Nicolás Lustig y el penalista Jorge Boldt, quienes están a cargo de liderar y potenciar estas materias.
Según explican loes expertos, el estudio ya venía asesorando a clientes al respecto, pero ha decidido crear el área específica de ESG y profundizar la de Compliance. Esto, afirman, debido a que la nueva regulación —en especial la que exige la divulgación de los aspectos de sostenibilidad y gobierno corporativo y la recién promulgada Ley de Delitos Económicos— adopta un estándar más exigente que deben cumplir las compañías tanto en su actuar como en su reportabilidad.
Lustig es especialista en asesoría empresarial estratégica y se incorporó a Cariola en julio de este año. Anteriormente, fue vicepresidente legal y vicepresidente de Desarrollo de BHP Minerals Americas, roles que le permitieron sumar una vasta experiencia en sustentabilidad corporativa y conocer desde el interior las necesidades de los clientes. El abogado lidera las asesorías de ESG en coordinación con especialistas de las áreas regulatoria, corporativa y laboral.
“Nuestros clientes demandan cada vez una asesoría que sea realmente especializada, y en lo que respecta a ESG, es fundamental tener un conocimiento integral del funcionamiento de las empresas, de la gobernanza y del entorno en el cual operan. Nuestro valor agregado consiste en brindar apoyo con experiencia relevante in house, lo que nos permite ofrecer soluciones a la medida de cada cliente”, sostiene Lustig.
Por su parte, Boldt es penalista y experto en Compliance. Explica que desde el inicio de la tramitación de la Ley de Delitos Económicos fueron preparándose para una mayor carga de trabajo sobre este tema y enfocaron sus contrataciones en ello. Ahora, vieron la necesidad de darle mayor protagonismo a las asesorías que vienen prestando desde hace años con fuerte foco en prevención de delitos.
“Hemos participado en la elaboración de modelos de cumplimiento y protocolos, procedimientos, y hemos acompañado a nuestros clientes en sus procesos de certificación e implementación de sus políticas, incluyendo numerosas investigaciones internas. Toda esta experiencia acumulada nos permite afrontar con solidez el enorme desafío que impone la nueva Ley de Delitos Económicos, que eleva a la categoría de riesgos penales una serie de actividades tradicionalmente fuera de ese ámbito”, complementa Boldt.
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