Tras el corte que afectó a gran parte de Santiago y a varias localidades del litoral sur de la Región de Valparaíso, el Servicio NAcional de Consumidor (Sernac), exijió hoy a Aguas Andinas y a Esval que justifiquen y entreguen los motivos de los cortes en el suministro.
El organismo, exigió a través de oficios a ambas compañías, que le informen en un plazo de 10 días corridos, cuáles fueron las causas de los cortes, la cantidad de usuarios que se vieron afectados, los mecanismos utilizados para informar a los usuarios y las medidas adoptadas para enfrentar la situación puntual y para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro.
El Subdirector Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, indicó que hasta la fecha el SERNAC ha recibido sólo por el corte del fin de semana en Santiago alrededor de 120 reclamos, y cerca de 15 en Valparaíso, los cuales podrían incrementarse.
Del Villar explicó que los consumidores tienen derecho a un servicio de calidad y a que no se interrumpa el suministro injustificadamente. En el caso del agua potable, sólo podría suspenderse por razones de fuerza mayor calificadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), o debido a interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser comunicados al usuario, con a lo menos 24 horas de anticipación.
"Las empresas distribuidoras de agua potable deberán reaccionar con prontitud y adecuadamente a favor de sus clientes cuando enfrentan un problema", enfatizó Del Villar.
En esa línea, explicó que la Ley del Consumidor faculta al SERNAC a solicitar a las empresas sanitarias compensaciones adecuadas para los consumidores afectados si la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) determina en su investigación que hubo una falla en el deber de profesionalidad al momento de prestar el Servicio.
En caso que la autoridad competente determine que efectivamente hubo falta de profesionalismo o negligencia por parte de las empresas, el SERNAC iniciaría mediaciones colectivas en cada caso o interpondría las acciones judiciales colectivas correspondientes con el propósito de obtener compensaciones justas y adecuadas para los consumidores por todos los daños ocasionados.
Las empresas se expondrían a multas por la Ley del Consumidor que van entre 1 y 300 U.T.M. (entre los $40 mil y los 12 millones), incluso una por cada cliente afectado si el tribunal así lo determina, ello conforme lo indica la propia normativa, enfatizó Del Villar.
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