Esta semana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó su ya tradicional Día de la Competencia. En dicho evento, el organismo hizo un balance de su labor en 2011-2012 y aprovechó también para lanzar un instructivo interno para el desarrollo de las investigaciones que lleva adelante.
El documento ordena y explicita los procedimientos de la entidad en su labor fiscalizadora y, al mismo tiempo, limita los tiempos que deben durar las indagaciones que realizan. Al respecto, el fiscal nacional, Felipe Irarrázabal, reconoce que la colaboración entre los distintos estamentos del Estado para compartir información y combatir infracciones contra la libre competencia es escasa y que se necesita mejorarla.
“Hay mucho, mucho por avanzar. A veces de la impresión que cada servicio tuviese orejeras, en el sentido que sólo se focaliza en su propio negocio y no contempla dentro de sus objetivos la posibilidad de ayudar a otros en el cumplimiento de funciones distintas, lo que al final beneficia al Estado completo”, sostiene.
Desde su perspectiva, el acuerdo firmado el año pasado con ChileCompra y el que están pronto a cerrar con el Servicio de Impuestos Internos (SII) apuntan de manera eficiente en el objetivo de tener un mayor entendimiento de los mercados que investigan.
“Al menos la fiscalía, desde su labor, ve bastante fragmentado al Estado en términos de compartir información y eso también nos pone a nosotros, especialmente cuando los niveles de información pública son muy bajos, en una desventaja enorme”, reconoce.
Irarrázabal admite que los mercados que deben investigar son cada vez más sofisticados y complejos, características que según él hacen aún más necesaria la cooperación. “Tiene que existir un enfoque distinto del Estado y cada servicio tiene que mirarse cumpliendo una función, pero en este caso la función de libre competencia no es monopólica de la FNE. Esta preocupación la debieran tener otros ministerios, otros servicios públicos”.
El fiscal sabe que muchas veces tiene como contraparte a empresas que son parte de grandes grupos económicos del país, lo cuales, agrega, deben tener un nivel de rapidez en sus conexiones que es muy distinta a la que tienen los distintos organismos del Estado.
“Muchas veces la diferencia de una buena política pública o una buena decisión tiene que ver con los niveles de información”, explica Irarrázabal.
Investigaciones más breves
Uno de los principales objetivos de la FNE con el lanzamiento del instructivo de investigaciones es reducir los tiempos que demoran las indagatorias. Para ello, definieron que el examen de admisibilidad de las denuncias no exceda los tres meses desde la fecha de ingreso de la misma, plazo que podrá ser ampliado por razones fundadas. En cuanto a las investigaciones el organismo busca que no pasen de los 18 meses, prorroglables por hasta seis meses. “La idea es aumentar la velocidad de la fiscalía, pero sin disminuir la calidad”, aclara.
Además, se busca tener un número de hasta 50 investigaciones a la vez y también una mayor cooperación en la entrega de información de los investigados.
El instructivo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año y no aplicará a las actuales investigaciones.
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