Ayer en una sesión extraordinaria realizada en la Sala del Senado se aprobó en general el proyecto que establece un un nuevo bono general para la clase media, un préstamo solidario, beneficios para transportistas, un bono para pensionados de rentas vitalicias y la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia.
En esta instancia, el texto propuesto por el gobierno fue respaldado por 32 votos a favor, 0 en contra, y tuvo 10 abstenciones, entre ellas del Partido Socialista.
De esta forma, el proyecto se acerca al fin de una ardua tramitación en la Cámara Alta, donde tras intensas tratativas entre el oficialismo y la oposición durante la semana, se logró un acuerdo respecto de las indicaciones. De momento, continúa la votación de algunas nuevas indicaciones presentadas por senadores. La iniciativa llevaba varios días de compleja negociación política entre Hacienda y los parlamentarios especialmente en los puntos relativos a la focalización del bono y algunos de los otros beneficios.
Se espera que hoy lunes la Cámara de Diputados vote el proyecto en su tercer trámite, sin embargo de no lograrse su aprobación este tendrá que ser revisado adicionalmente por una Comisión Mixta.
Puntos nuevos
Tras la propuesta inicial de este paquete de ayuda, las trativas han sido tensas a nivel político a medida que desde sectores políticos condicionan su aprobación a una creciente universalidad de las nuevas prestaciones.
Uno de los avances en la negociación, fue la decisión del Ejecutivo de sumar entre los beneficiarios a los pensionados por vejez e invalidez en modalidad de retiro programado con pensiones iguales o superiores a una Pensión Básica Solidaria e inferiores a $408.125 y de los pensionados por vejez e invalidez del sistema antiguo con pensiones inferiores a $408.125 al beneficio excepcional de un bono de $100.000.
Además de esto, se subió el bono para transportistas de $350.000 a $500.000 y la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 60% al 80% de vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares, para todos aquellos que se hayan encontrado en cuarentena o transición.
En la negociación entre Hacienda y la oposición se avanzó en la idea de una nueva base de comparación respecto de la caída de ingresos: se usaría promedio de los seis meses del segundo semestre de 2019 con los mismos seis meses de 2020 en lugar de comparar ingresos con dos meses (diciembre y enero) como se establecía en la propuesta original.
Esto además de vías administrativas para lidiar con los reclamos de quienes hayan sido rechazados en sus primeras peticiones.
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