Reuniones de emergencia, sobrevuelos por zonas afectadas y pedidos de recursos adicionales de regiones y municipios son algunas de las situaciones que ha enfrentado el Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, en los últimos días frente a aluviones, temporales y hasta tornados que han ocurrido en gran parte del país. Igual de presente ha estado en la negociación con los gobernadores regionales (GORE), que han rechazado una reducción de 7% en su presupuesto para 2027.
- ¿Cómo enfrentan la oposición de los GORE a la reducción de recursos?
- Nosotros venimos conversando con los gobernadores hace varios meses. Esto no parte en la discusión de Presupuesto.
Ahora, la discusión de Presupuesto tiene ciertas características y exigencias adicionales a esta conversación y el ministro de Hacienda fue muy claro en plantear a los gobernadores de que uno de los principales desafíos que tenía esta Ley de Presupuestos era poder restablecer los equilibrios fiscales y eso es algo que es un mandato del Presidente. Es un compromiso del Presidente como candidato (...) Y eso aplica no solamente para las partidas que tienen que ver con los servicios o los ministerios, sino que también con todos los estamentos que se financian con el Presupuesto de la Nación y dentro de ellos están los gobiernos regionales.
- ¿Pero los GORE señalan que la reducción no es equitativa y sienten que a ellos se les castiga por una baja ejecución?
- Cuando uno mira la serie de tiempo de los últimos años los gobiernos regionales no logran ejecutar más del 18% al 20% de su presupuesto o son transferidos o son descontados del marco presupuestario. Y lo que ha planteado el ministro Jorge Quiroz -y esto es una conversación bien sincera y transparente-, es darles certeza a los gobiernos regionales respecto de los recursos con los que van a poder contar y los que van a poder realmente invertir y desarrollar en sus regiones.
El ministro y los gobernadores lo han valorado y la idea es: definamos un nuevo trato en donde el gobierno, la Dipres, pueda ir eliminando trabas y flexibilizando también el uso de los recursos de forma tal de que los gobernadores, una vez que se les asigne un presupuesto, tengan la certeza de que van a poder contar con esos recursos para poder ejecutarlos.
“En regiones podríamos generar entre 8 mil y 12 mil empleos durante este año”.
El desafío para los gobiernos regionales es poder llevar a cabo una planificación de inversión pública.
Ahora, ellos dicen como gobiernos regionales deberíamos crecer de la misma manera como crece el Presupuesto de la Nació. Y les hemos explicado, en varias oportunidades, que para que el presupuesto crezca un 1,5%, significa que hay ciertas líneas que crecen más de eso y otras que tienen que bajar para poder llegar al promedio.
- ¿Qué cambios propone la Ley de Presupuestos para agilizar la ejecución de los GORE?
- Hay disposición de parte de la Dipres de ir sumando más acciones que permitan poder asegurar esta eliminación de trabas, esta flexibilidad respecto al uso del presupuesto. Por ejemplo, está la apertura más ágil del Presupuesto 2027 desde enero.
- ¿Ese es un anhelo que se señala hace más de seis años y no se logra concretar?
- Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder hacer la apertura lo antes posible, porque queremos desde los distintos programas de inversión pública -MOP, ministerio de Vivienda, la Subdere- ayudar a distribuir los recursos para que tempranamente en el año podamos ir generando obras que permitan dar empleo.
- ¿Cuáles son los otros cambios?
- La eliminación del traspaso a la Subsecretaría de Interior del 3% de emergencia, ese recorte ya no se hará. Se permitiría el financiamiento de iniciativas asociadas a empleo con los recursos transferidos y no utilizados por organismos receptores. Es una medida que ellos mismos la han pedido para poder ayudar, incorporando la posibilidad de destinar parte de estos recursos a iniciativas de interés regional, incluyendo la electromovilidad.
También se está ampliando del 2% al 4% el porcentaje que pueden usar para emergencia. Este fue el primer año de esta facultad que tienen los gobiernos regionales para tomar medidas tanto preventivas como de atención a la emergencia.
- ¿Qué tanto cambió la agenda de la Subsecretaría con la emergencia de empleo que vive el país?
- Cuando fuimos convocados a la mesa de empleo hace ya varios meses, pusimos todas nuestras herramientas como Subsecretaría al servicio de este objetivo. Nosotros tenemos proyectos de inversión pública que se pueden desarrollar de manera rápida a través de los municipios y que permiten poder impactar sobre el empleo local en las comunas, sobre todo en los sectores más retirados.
Son planes de mejoramiento de barrio, urbano; los podemos focalizar en comunas específicas (...). Veníamos ejecutando cerca de $ 90 mil millones en distintos proyectos de inversión local e incrementamos al doble nuestra cartera y vamos a invertir lo que queda de este año cerca de $ 180 mil millones.
- ¿Cuántos empleos calculan que se generarían?
Estimamos que entre 8 mil y 12 mil empleos se podrían estar impactando durante este año y son empleos que, dependiendo de la naturaleza de los proyectos, podrían durar entre seis y 12 meses.
Contribuciones: “La compensación será integra respecto de lo que recibían los municipios”
- Ya promulgada la Ley de Reconstrucción, ¿están avanzando en la fórmula de compensación a los municipios por término exención de contribuciones a mayores de 65 años para la primera vivienda?
- Estamos trabajando todas estas leyes que son importantes y que involucran a muchos servicios, pues obligan a desarrollar reglamentos y procesos para poder implementarlas. En paralelo a la promulgación de la ley, ya estábamos trabajando en esos reglamentos.
El Tribunal Constitucional dio a conocer que la compensación ya no podía ser condicionada a un mejor rendimiento en materia de aprobaciones de proyectos ni a la entrega de información, que era algo que se había planteado y que lo que buscaba básicamente era poder mejorar la capacidad y la gestión de los municipios, no se buscaba condicionar la entrega de recursos. Nosotros quisimos poner incentivos para esa compensación, pero acatamos lo que falló el TC. Y, por tanto, esa condición ya no corre y la compensación será íntegra respecto de lo que recibían los municipios o lo que van a dejar de recibir por la exención de pago de contribuciones a los adultos mayores. Eso es un compromiso que está por la ley y por supuesto que nosotros desde acá somos los más interesados en que eso se cumpla para poder darle la tranquilidad a los alcaldes.