En el primer punto de la tabla del comité político de este lunes 3 de enero en La Moneda se encuentra el proyecto de Pensión Garantizada Universal, que esa misma tarde deberá someter a votación la sala de la Cámara de Diputados y donde el Ejecutivo espera convencer con “cifras en mano” que la normativa está debidamente financiada.
Tanto en el ministerio del Trabajo como en el de Hacienda están elaborando minutas con el detalle del financiamiento de la normativa, la cual será entregada a todos los diputados en la Sala y en la comisión respectiva.
Y es que los cuestionamientos de economistas a la forma de financiamiento encendió las alarmas en la sede de Gobierno que no quiere sufrir un nuevo revés en la tramitación de cambios al modelo de pensiones como ha ocurrido con la reforma larga al sistema que no fructificó.
El subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, sostuvo que desde el Ejecutivo “entendemos que el hecho que se haya aprobado en dos sesiones en la comisión de Hacienda, con amplio margen y transversalmente el proyecto de ley de PGU, es un antecedente más que razonable de lo que debiera pasar en la sala de la Cámara de Diputados” la próxima semana.
A su juicio, “los votos van a acompañar a los adultos mayores y los pensionados de Chile”.
La autoridad agregó que “el equipo político del Presidente electo Gabriel Boric tiene el desafío de demostrar que las pensiones sí están en el corazón de sus prioridades y un liderazgo necesario para llegar a acuerdos que permitan ratificar que esta es una política responsable y que se encuentra debidamente financiada”.
La inquietud presidencial
Pese a estar con días libres, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se ha contactado con la directora de Presupuestos, Cristina Torres, y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, para coordinar la estrategia y tener lista la información necesaria al momento de dialogar con los diputados de oposición.
En el caso del ministro del Trabajo, Patricio Melero, se ha comunicado con los parlamentarios del oficialismo para hacer presente la importancia de avanzar en la normativa y poder aprobar en enero el proyecto de forma de comenzar a pagar en febrero o a más tardar en marzo.
Trascendió que el mismo Presidente está preocupado por el clima que se ha generado en torno al proyecto, que él pensaba estaba bien encaminado.
Para algunos en el oficialismo, lo que hay detrás de las críticas al financiamiento es un interés de que sea el próximo mandatario quien promulgue el texto -y así lleve su firma-, o no dar espacio a cambios impositivos que podrían afectar la futura reforma tributaria comprometida por la próxima administración.
El proyecto del Ejecutivo reemplazará al Pilar Solidario mediante una PGU de $ 185 mil para las personas mayores de 65 años del hasta 80% de la población más vulnerable, extendiendo también parte del beneficio a quienes sean entre el 81% y 90% de vulnerabilidad.
Esta pensión de carácter no contributivo es complementario al ahorro individual y la pueden recibir pensionados, bajo cualquier modalidad, y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Además, será administrado, otorgado y pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el que estará supervisado por la Superintendencia de Pensiones.
Adicionalmente, las personas que podrán acceder al PGU son aquellas que puedan acreditar una residencia en Chile de al menos 20 años, contados desde los 20 años de edad, y tener una pensión menor a $ 1.000.000.
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