El próximo 31 de julio, en Codelco tienen previsto hacer un evento recordatorio “puertas adentro”. Se trata de una reflexión y acto de recogimiento interno, consistente en que al inicio de cada turno se evoque la memoria de seis trabajadores, nombrándolos: Moisés Pavez Armijo, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Jean Miranda Ibaceta, Carlos Arancibia Valenzuela y Paulo Marín Tapia. Ellos son los trabajadores que estaban en labores en la división El Teniente de Codelco -cinco de Constructora Gardilcic y uno de Salfa Montajes-, que perdieron la vida en el accidente que hace un año conmocionó al país, atribuido a un estallido de roca en aquella faena de la estatal. Tras la tragedia, dos hijos -uno de Jean Miranda y otro de Moisés Pavez- nacieron estando sus padres ya fallecidos.
Codelco no ha podido retomar el trabajo en los lugares de El Teniente donde ocurrieron los hechos, Recursos Norte, que era una zona de producción, y Andesita, la faena que aún no entraba en producción. Ambos permanecen cerrados, situación que sigue -y seguirá- generando al menos hasta 2035 una menor producción en esta división de la cuprera estatal, por el accidente y sus implicancias en operación y proyectos. Según el plan de negocios de Codelco -calculado sobre los datos a inicios de 2025-, se trataría de una merma de 120 000 toneladas en un quinquenio y de 300 000 toneladas de cobre fino en el decenio 2026-2035, con la expectativa de que El Teniente recupere recién en 2035 producción a niveles previos al 31 de julio de 2025.
Pero más allá de esta merma productiva, la minera enfrenta además una indagatoria por parte del Ministerio Público (MP) que a la fecha ya suma 44 imputados en la causa -todos ellos formaban parte de la corporación al momento de los hechos-, incluida la propia empresa como persona jurídica, cuya defensa llevan los abogados Davor Harasic, Julián López y René García.
Seguros sí, compensaciones no
A la fechan, según datos a los que tuvo acceso DF MAS, las familias de los fallecidos han comenzado a recibir algunos pagos. Al menos las familias de los cinco trabajadores fallecidos de la Constructora Gardilcic ya cobraron un seguro de vida por UF 1 000. Otro seguro de accidentes personales de esta constructora, por UF 2 500, ha sido cobrado por dos familias y tres están pendientes. De otro seguro de accidentes personales de Codelco, por UF 3 500, la estatal anticipó UF 1 500 sin la presentación de la posesión efectiva, faltando por tanto un saldo por pagar a cada una de las familias por UF 2 000. Y a estas sumas se agrega un seguro de sobrevivencia ligado a la ACHS que por cónyuge e hijos fluctúa entre $ 190 mil y $ 230 mil y que progresivamente comenzó a operar.
Pero más allá de estos montos, Codelco comenzó hace unos dos meses acercamientos con cada una de las familias con el fin de explorar el pago de compensaciones monetarias, tarea que quedó a cargo en particular del abogado Julián López, en un proceso informado al MP. “La necesidad de compensar no tiene que ver con resolver la causa penal. Es un deber que Codelco siente”, dicen personas cercanas a la estatal, quienes para refrendar que no se trata de una transacción pensada para que las familias bajen sus acciones legales en contra de la compañía, explican que, si bien los acuerdos reparatorios extinguen una acción penal, hay casos en que el juez puede negarse, al considerar que hay un interés prevalente en una causa.
¿La cuantía que dio Codelco a las familias? Unos $ 450 millones por cada fallecido como propuesta igualitaria para cada una de ellas -afirman entendidos-, ciñéndose eso sí al orden de prelación establecido en el Código Procesal Penal para el pago. Éste singulariza como beneficiarios en primer lugar al cónyuge o conviviente civil y a los hijos de una víctima. Y sólo si no hay personas en esta primera categoría, los beneficiarios podrían ser los padres de la víctima, la categoría que sigue en esta prelación.
Este acercamiento de la estatal, no obstante, no fue recibido de buena forma por las familias. De hecho, una de ellas, la de Jean Miranda, no estuvo dispuesta ni siquiera a sentarse a conversar. Y es que la presunción del lado de las familias es que como toda transacción supone bajar las acciones legales y debilitar el caso penal para ellos. “No lo dicen así, pero le quitan el soporte al MP”, dice el abogado Jaime Gatica, quien asesora a una de las familias.
3 520 requerimientos y 206,15 terabytes
A un año de los hechos, no hay visos de que la indagatoria que lleva el fiscal de O’Higgins, Aquiles Cubillos, esté ni de cerca de concretar formalizaciones en la causa en que la investigación se centra en un eventual cuasidelito de homicidio, es decir, muertes producidas por una conducta negligente o imprudente, pero sin intención o dolo.
En el caso de Codelco como persona jurídica, el reproche se funda ante la presunción de no haber tenido implementado un adecuado modelo de prevención del delito, lo que pudo haber favorecido el hecho. Esto, en total contraste con la tesis de Codelco, convencida de que el estallido de roca está previsto en el mapa de riesgo de la compañía, por lo que, si un ejecutivo cometió una desviación en ese modelo de cuidados, la responsabilidad es individual, de las personas naturales, y no de la compañía como persona jurídica.
Como sea, en el último tiempo en particular, la relación entre el fiscal y Codelco ha estado lejos de ser diáfana. El pasado 1 de julio Codelco activó una audiencia de cautela de garantías, al estimar que estaban lesionados sus derechos constitucionales en esta causa. En el detalle, demandó tener una investigación y un “juicio racional y justo”. Todo porque en una reunión de principios de junio, al entonces presidente ejecutivo de la corporación, citado por el MP, no se le permitió que fuera acompañado de los abogados defensores. Y además -lo que más ha resentido en esta indagatoria- la estatal cuestionó la amplitud y la cantidad descomunal de información pedida por el MP.
Sobre todo, por una reciente solicitud de 27 oficios que involucraban 3 520 requerimientos de información, equivalentes a 206,15 terabytes. Esto equivaldría en documentos de Word típicos, a unos 2 000 millones de archivos que, para llevarlos a cabo la estatal requeriría del trabajo de 60 personas trabajando un año o seis personas trabajando 10 años, pues además el MP pidió la información procesada. Entre los datos pedidos, el MP incluyó registros de la operación desde que inició El Teniente, en 1905; datos históricos de tronaduras y de fracturamiento hidráulico en el yacimiento; y también datos de recursos y reservas de cobre y molibdeno (porque una hipótesis es que la mayor presencia de molibdeno debilitaría la roca).
En suma, muchos antecedentes que la estatal consideró totalmente impertinentes, pues en parte es información o que no existe -y Codelco tendría que generarla y reconstruirla-, o que es reservada. Este pedido se suma además a la entrega que ya hizo la corporación de un set de otros 30 requerimientos que sumaron unos 14 mil antecedentes.
La posición de Codelco tuvo eco en la justicia. “Se debe investigar si alguien por imprudencia temeraria ejecutó un hecho que provocó este accidente o la otra opción es que una persona con infracción a reglamentos, por imprudencia o negligencia, ejecutó un hecho o incurrió en una omisión que provoca este accidente (…) No es esta investigación, no es el MP ni este tribunal el encargado de prevenir accidentes futuros (…) Por mucho que sea importante lo que dice, de que no haya nuevamente estos accidentes, no es el alcance del trabajo del fiscal. No está llamado a eso. La invitación es a concentrarnos en determinar los elementos de los hechos investigados. Y no una forma de reconstruir toda la actividad minera”, determinó el juez Gonzalo Celedón.
El quid y la importancia de este impasse está en que esta información pedida por el MP formaba parte de los insumos para que el Dictuc, la entidad dependiente de la PUC, elaborara un informe a pedido del persecutor, con el que éste buscaba obtener las causas del estallido de roca. Y recién después el persecutor iba a tomar decisiones y formalizar. Con este impasse, en cambio, menos claridad hay de los plazos y de cómo seguirá esta investigación, ad portas de llevar un año.
Los descargos de Codelco: “un evento imprevisible e imposible de anticipar”
Hay al menos otro informe clave del caso, elaborado por el Sernageomin, de mayo de este año, que hace fuertes reproches a Codelco. Este documento afirma que el accidente fatal se produjo “en el contexto de un evento geomecánico de alta energía, asociado a condiciones de minería profunda y a la interacción de cavidades mineras en el sector norte del yacimiento”, sosteniendo que sus consecuencias no se explican únicamente por la ocurrencia del fenómeno, “sino por la existencia de condiciones operacionales que permitieron la exposición de trabajadores a un escenario de riesgo significativo”.
En el detalle, el informe del Sernageomin constata que se registraron incrementos de sismicidad por sobre los límites definidos en los criterios operacionales, sin que se activaran medidas preventivas obligatorias, como restricción de accesos, evacuación de personal o detención de actividades. Y alude a insuficiencia de las fortificaciones.
Sin embargo, Codelco presentó un durísimo descargo -una reposición en lenguaje legal- rebatiendo las conclusiones de este informe. Por ejemplo, indica que el reproche es “jurídicamente insostenible” porque el mismo servicio que hoy formula este reparo inspeccionó la zona y el acta de visitas no registró observaciones, hallazgos ni recomendaciones de ninguna naturaleza. Y desmiente que haya habido en el sector del accidente incrementos de la actividad sísmica.
“Tras el evento sísmico de 2023, los fiscalizadores de la misma institución inspeccionaron exhaustivamente el sector del siniestro, validaron las especificaciones técnicas de refortificación y recibieron de manera continua 40 informes semanales sin formular reparo alguno (…) La autoridad autorizó formalmente el reinicio definitivo de las operaciones en dicha zona, generando una certeza jurídica que hoy no puede destruir retroactivamente (…) Los antecedentes técnicos recopilados demuestran que el sismo de 4,3 Mw (a1.651 metros de profunidad) constituyó un evento imprevisible por su naturaleza geomecánica e imposible de anticipar mediante los sistemas locales de monitoreo. No existió variabilidad tensional previa en el área ni sismicidad precursora anómala”, dijo Codelco, indicando en otro acápite que el estándar y lo que pide la normativa es una conducta diligente, pero “no de resultado infalible”.
¿Cuál es la importancia de este debate? Que si el MP acreditara que hubo una infracción reglamentaria, habría un paso más fácil para configurar un cuasidelito de homicidio, lo que podría alcanzar a Codelco. Pero también al propio Sernageomin, por falta de fiscalización, dicen entendidos.
Qué han dicho trabajadores y contratistas
En el voluminoso expediente de la indagatoria, hay varias declaraciones tomadas a trabajadores que se desempeñaban en El Teniente.
Respecto del accidente, “yo creo que se debió a la sobreexplotación, no que haya sido por un sismo natural (…) Respecto de fiscalizaciones de Sernageomín, nunca los he visto”, dijo a la fiscalía Sebastián Gutiérrez, un contratista, quien también planteó que existen refugios, que surgieron a partir de lo ocurrido con los 33 mineros (el bullado caso de la Mina San José). Pero indicó que “varios viejos chacrearon el tema”, porque al sacar comida e implementos que eran para supervivencia “empezaron a dejarlos con candado”, apuntó.
Un trabajador de Codelco, Michell Gálvez, dijo que en sus 30 años trabajando, esto “nunca había pasado”. “Antes del 31 de julio no sentí ningún temblor en el lugar de trabajo. Tampoco recibí algún comentario de trabajadores que estaban al interior de la mina. Existen en ese lugar unos sensores antisismos. Cuando existe uno importante, los equipos se detienen de manera automática, pero esto no pasó el 31 de julio. Respecto de las tronaduras, cuando éstas se realizan se avisan por radio. El 31 de julio no hubo aviso de tronadura”, afirmó.
Otro trabajador contratista, José Méndez, describió la existencia de la llamada “tarjeta verde” que, en caso de peligro en la faena, es un mecanismo para detenerla. Pero, agregó, “no se usa mucho, por el temor a desvinculación y represalias”.
Y otro trabajador contratista, Luis Núñez, recordó un hecho ocurrido en 2012, cuando la empresa Sacyr, luego de haberse adjudicado un proyecto en El Teniente -menciona Nuevo Nivel Mina, Andesita, Diamante, Andes Norte-, detectó “inconsistencias en el proyecto mismo”, relacionado con la fortificación, según dijo. “Lo que detectaron era que el proyecto no era viable, que no cumplía el sistema de fortificación”, y que se lo hicieron saber a la vicepresidencia de Proyectos. “Sin embargo, dicha alerta detectada por la empresa les costó finalmente la salida del proyecto completo”, afirmó Núñez a la fiscalía.
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Azucena González
