María del Carmen Risopatrón Vergara, viuda de Alfredo Ovalle Rodríguez -quien fuera presidente del gremio Sonami, timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, y que falleció intempestivamente en 2019-, lleva tres años peleando en tribunales su parte de la herencia del reconocido empresario, legado que supera los US$ 100 millones y que está afincado en distintas sociedades en Panamá.
El último capítulo de esta tortuosa disputa tuvo lugar esta semana, cuando se conoció la querella criminal interpuesta por el delito de administración desleal en contra del albacea de su esposo, el abogado Francisco Javier Pío Ibáñez Concha.
Al momento de abrir el testamento, la viuda se encontró con que los bienes que se le asignaron eran escasos -una cuenta en el Banco Santander en Suiza y el departamento en Presidente Riesco, donde reside- omitiendo aquellos más valiosos, como su participación accionaria en Minera Las Cenizas, que según la querella vale “millones de dólares”, y los activos de las sociedades afincadas en Panamá, con acciones al portador, denominadas “Sierra Leona S.A” y “Cibelys S.A.” (la primera de ellas hoy disuelta), que a su vez eran las controladoras de las sociedades “Comercial Carahue”, “Inversiones y Comercial Carahue II”, “Inversiones Santo Domingo”, “Inversiones Santo Domingo II”, “Agrícola Forestal e Inversiones Ganadera San Francisco de Polpaico”, “Inversiones San Ramón”, “Inversiones Trineo”, “Inversiones Paciflor” e “Inversiones Luciérnaga”.
La viuda también objetó en tribunales diversas operaciones que tendrían por objetivo ocultar el real patrimonio de Alfredo Ovalle, como una supuesta deuda de sucesión por $ 2.163 millones, cuando la realidad es que era el fallecido empresario quien ayudaba financieramente a sus hijos y no al revés. María del Carmen Risopatrón acusa al albacea, quien, dice ella en la querella, patrocinada por el abogado penalista Alejandro Laura Teitelboim, que Ibáñez Concha “abusó de sus atribuciones al incorporar al proceso de posesión efectiva de la herencia de don Alfredo Ovalle Rodríguez, y al inventario de los bienes del causante, una escritura pública de fecha 18 de enero de 2017” en la cual los hijos aparecen asumiendo la calidad de acreedores de su padre.
El albacea de la herencia, Francisco Javier Ibáñez Concha, contestó a DF MAS que “no tengo antecedentes” y declinó referirse al conflicto.
Risopatrón denuncia, además, que los hijos se habrían hecho de los activos de su fallecido padre. “Hasta donde he podido averiguar, el patrimonio de mi marido hoy figura a nombre de sus hijos, entiendo que aquello se hizo por la vía de nominalizar, sin contraprestación alguna, a nombre de éstos (sus hijos) las acciones al portador de las sociedades de las que mi marido era el controlador y dueño”, señala la viuda en la acción legal, en la que responsabiliza al custodio de los bienes de estas operaciones.
Según Risopatrón, “los hijos de mi marido, a quienes conozco, y con los que he compartido bastante, son personas que no se han dedicado al mundo de los negocios, de modo que me parece muy difícil que, por actos jurídicos onerosos conmutativos, hayan adquirido los activos (bienes) de que mi marido era dueño”, sostiene en la querella.
La viuda, hoy jubilada, es la tercera esposa del expresidente de la CPC. De su primer matrimonio, con Luz María Lucrecia Alliende Correa, nacieron Luz María, Alfredo y Paz Ovalle Alliende. Del segundo matrimonio, con María del Carmen Vergara Larraín, nació su hija Trinidad.
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