Un nueva acción penal ingresó contra Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda y Pilar Dañobeitia, por delitos reiterados de otorgamiento de contrato simulado en torno al bono de CorpGroup Banking y que ya suma una decena de querellantes en la causa que lidera la Fiscalía de Las Condes.
Representados por el abogado Carlos Cortés, los querellantes esta vez son el ex gerente de Inversiones Security, Cristián Pinto; el ex ejecutivo de Prolesur, Juan Carlos Petersen, así como las sociedades de inversión El Olivar, representada por José Pedro Vergara; Inversiones GV por Raúl Gardilcic y José Enrique Chahin por Tolhuaca Investment, quienes acusan que compraron posiciones del bono por US$ 2.920.000.
“Entre los años 2016 y 2020, el querellado dispuso que CGB ejecutara con sus relacionadas SAGA y GASA una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones de SAGA, todos los cuales son simulados, ya que la real voluntad del controlador fue sacar la liquidez (dinero) de CGB y en ningún caso adquirir las referidas acciones. Luego dichos recursos -ya una vez en el patrimonio de SAGA- fueron dispuestos por el querellado en su beneficio o de alguna de las sociedades de su familia. Se trató de la celebración de una serie de contratos de traspasos de acciones por un monto total aproximado a los $164.735.000.000. Significó un vaciamiento del patrimonio de CGB realizado en perjuicio de los bonistas. Es decir, de los acreedores del Bono CGB 13/23. En conclusión, el emisor del bono fue despojándose de toda su caja”, se lee en la acción penal.
Desde el equipo legal de Saieh, el abogado Samuel Donoso dijo que "nos parece que estas acciones judiciales son extremadamente temerarias, el supuesto bono en que se basan fue objeto de un proceso de negociación y acuerdo en los Estados Unidos de América, Chapter 11, el cual se tramitó ante los Tribunales de Delaware, que los querellantes sostengan que son acreedores del Bono es falso".
Y agregó que "el pago del Bono dentro del Chapter 11 se negoció largamente, se negociaron todas y cada una de las operaciones en que se fundan las querellas, y finalmente se llego a un acuerdo, el cual al ser aprobado por acreedores y deudor, y ello ratificado por la justicia Americana, de Delaware, extinguió las obligaciones del bono. Vamos a requerir el análisis de las responsabilidades legales de los acreedores que mal utilizan la legislación chilena para obtener eventuales beneficios al margen de las resoluciones judiciales de Estados Unidos de América".
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