Un desconocido conflicto al interior de la edtech chilena Pixarrón acaba de escalar a tribunales. El pasado 26 de marzo su CEO Fernando Prieto (ex gerente general de Oracle Chile) ingresó una querella en contra de sus socios, Cristóbal Fiori y Luis Felipe Ross, además del director independiente de la compañía, el abogado Gonzalo Rencoret, por los delitos de falsificación de instrumento privado y administración desleal.
Pixarrón es una edtech que nació en 2019, luego de la quiebra de GAL&LEO, un emprendimiento de tecnologías educativas en el que participó Prieto. En los últimos cuatro años la nueva firma -que desarrolló un sistema de aprendizaje digital personalizado- se ha expandido por distintos países de Latinoamérica, como Colombia y México.
En la acción judicial, redactada por el abogado penalista Andrés Baytelman, Prieto acusa que desde 2020 Fiori y Ross (ambos socios de Matrix, firma internacional de consultoría estratégica) buscaron reducir su participación en la compañía bajo distintos artilugios.
Pero el principal hito se gatilló en abril de 2022, cuando Ross le explicó a Prieto que “por error” no habían pagado las acciones de la matriz de la compañía, la cual tenía dos aportantes: Inversiones Algarrobo (de Ross y Fiori) e Inversiones Melipilla, de Prieto. Cada uno tenía 100 acciones.
“Le respondí que no entendía de qué estaba hablando, porque mis acciones se pagaban automáticamente con el total de mi remuneración en la empresa; dineros de los que, precisamente por ello, no había recibido nada en los dos años y medio que llevaba trabajando en Pixarrón”, se explica en el libelo.
Para solucionar esto, Prieto contrató a una consultora (Balada) para realizar una auditoría forense y “tener certeza sobre cuál era exactamente la situación accionaria de la empresa”.
Dicha investigación determinó, de acuerdo a la acción judicial, que algunos balances “habían sido alterados, de modo que reflejaran el pago de 12 acciones por parte de Inversiones Algarrobo, y ninguna de las acciones suscritas por Inversiones Melipilla, lo que dejaba a Algarrobo con 100% de la propiedad societaria”.
Esto habría sido ratificado en una reunión de directorio de agosto de 2022. “Sin pudor ni escrúpulos, pasaron a reducir el total de mis acciones, hacerse de la empresa, quedarse mi esfuerzo y trabajo de años”, consignó Prieto en la querella.
Luego de esto se activaron una serie de instancias extrajudiciales para llegar a una solución, como un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el cual sigue activo.
Finalmente, la acción judicial detalla que el 24 de enero pasado Luis Felipe Ross modificó los estatutos sociales de Pixarrón Capital (matriz de la startup), apareciendo Inversiones Algarrobo como dueña del 100% del capital social.
“(Esto terminó) de consumar su apoderamiento ilegal y fraudulento de la sociedad, y dejándome simplemente fuera del proyecto a cuyo desarrollo dediqué los últimos 12 años de mi vida, y en el que había invertido todos mis ahorros de 40 años de trabajo”, se concluye en la querella, que acaba de ser declarada admisible el martes 28 de marzo por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.
Consultado los respresentantes de Inversiones Algarrobo, enviaron un comunicado a DF MAS.
"Las diferencias entre Inversiones Algarrobo y el señor Fernando Prieto como accionistas de Pixarron es de naturaleza exclusivamente societaria, originada en incumplimientos del señor Prieto a sus deberes tanto contractuales como legales en su calidad de gerente general, director y accionista de Pixarron", estipularon.
Además, agregaron que "tenemos plena confianza que la posición de Inversiones Algarrobo prevalecerá en el proceso de arbitraje y también en el marco de la querella criminal que presentó el señor Prieto, la cual es completamente infundada y se basa en hechos que evidencian sus propios incumplimientos como gerente general de Pixarron. El señor Prieto con esta querella pretende imputar una supuesta administración desleal y falsificaciones a los directores de Pixarron simplemente por cumplir la obligación legal de constatar una disminución de capital de pleno derecho".
"Lo anterior constituye un claro ejemplo del ejercicio abusivo e ilícito de una acción penal con fines meramente instrumentales y mediáticos", añadieron.
A su vez, complementaron con que "Inversiones Algarrobo ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones y ha hecho por mucho tiempo todos los esfuerzos posibles por resolver amigablemente diferencias que entre contratantes de buena fe no debieran existir, pero se ha topado con una contraparte que no pretende cumplir por su lado y que, en el transcurso de solo 6 meses, presentó 6 abogados diferentes".
"Actualmente, Jorge Paz Sepulveda, gerente de desarrollo asumió como gerente general interino y junto al equipo de Pixarron está enfocado en continuar entregando un servicio de calidad a todos los usuarios de su plataforma de aprendizaje digital personalizado", concluyeron.
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