A menos de un mes para que se pueda zanjar el plan de liquidación de CorpGroup Banking (CGB) luego de acogerse en junio de 2021 al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, la sociedad ligada al grupo Saieh presentó ante el Tribunal de Delaware mayores antecedentes sobre cómo procedería el pago de las deudas que tiene con Itaú Unibanco.
Para ello, la firma entregó un borrador del contrato de reconocimiento, redenominación, consolidación, redocumentación, y reestructuración de deuda. En el documento de 45 páginas se estipulan las condiciones de cómo sería el pago.
De acuerdo a los antecedentes descritos en el contrato que debe ser aprobado por el Tribunal con sede en Estados Unidos, Itaú reconoció que entregó un “financiamiento de largo plazo por la suma de hasta US$ 1.200 millones” que “fue destinado por el deudor a refinanciar pasivos financieros propios y del grupo empresarial al que éste pertenece”.
Uno de los objetivos del documento es que CGB e Itaú pactan el reconocimiento de un importe pendiente de pago del crédito después de realizado el prepago parcial que aún no ha sido determinado.
Entre las cláusulas estipuladas entre ambas partes se indica “que se obliga incondicionalmente a pagar al acreedor el monto total del capital adeudado en virtud del crédito reestructurado en una sola cuota”.
Este nuevo préstamo “devengará intereses día a día, a partir de la fecha de este instrumento y hasta su pago íntegro y efectivo, a la tasa de interés. Los intereses se calcularán sobre la base de un año de 360 días, por el número de días efectivamente transcurridos”.
Las cláusulas
Se selló que “los intereses que no se pagaren en su respectivo vencimiento, serán capitalizados en la misma fecha, incrementando por el mismo importe el capital adeudado a partir de la fecha de capitalización respectiva”.
Una opción que se dejó a CGB es que podrá pagar anticipadamente en cualquier momento todo el crédito reestructurado, sin recargo, comisión de prepago o costos adicionales.
El préstamo que otorgó Itaú a CGB deberá saldarse en dólares según el tipo de cambio observado, a más tardar a las 13:00 en Chile del día del vencimiento o pago respectivo, con fondos disponibles el mismo día y hora de la respectiva transferencia, o de otra forma con fondos de inmediata disponibilidad.
CGB además deberá pagar los impuestos que graven actualmente o en el futuro este instrumento o los que documenten en crédito reestructurado.
Una opción que se establece en el contrato es que un tercero puede puede hacer una oferta para comprar o adquirir el crédito de CGB.
En caso de no pagarse el capital del crédito reestructurado más allá de 2037, Itaú “tendrá el derecho y no la obligación de solicitar e iniciar un procedimiento de liquidación concursal del deudor de acuerdo con cualquier legislación concursal aplicable al efecto, y el producto de la liquidación se utilizará para pagar a los acreedores del deudor”.
CGB también autorizó a Itaú para que en caso de encontrarse en mora o simple retardo, en el pago de cualquiera de las obligaciones de que da el contrato “impute al pago de dichas obligaciones, extinguiéndolos por compensación, todos los dineros, depósitos y valores que el acreedor mantenga, tenga o reciba a favor del deudor, produciéndose así la extinción parcial o total de tales obligaciones adeudadas hasta la concurrencia de sus valores”.
Se dejó constancia que CGB e Itaú “se obligan desde ya a mantener absoluta confidencialidad respecto de toda la información de carácter reservado o confidencial que recíprocamente se han entregado para la suscripción de este instrumento”.
Las objeciones de Itaú
La tensión entre Itaú Unibanco y el Comité de Acreedores -integrado por Deutsche Bank, LarrainVial y MBI- aumenta. Luego que el banco brasileño criticó que la estrategia legal del comité por “gastar gran parte de los últimos nueve meses y millones de dólares buscando razones para presentar reclamaciones contra Itaú”, la entidad ingresó una objeción contra los gastos por asesorías legales de la instancia.
De acuerdo al escrito presentado por el banco, “los profesionales del Comité continuaron incurriendo en honorarios y gastos muy superiores al valor que confirieron a las haciendas”.
La firma con sede en Sao Paulo sostuvo “estos gastos acumulados de US$ 5 millones sólo hasta enero, así como los gastos que el Comité ha hecho incurrir a los deudores y a otras partes, son desmesuradamente altos en relación con las cantidades que los acreedores no garantizados pueden esperar razonablemente recuperar en estos casos y el valor limitado de los servicios prestados por los profesionales del Comité”.
Consideró que “el extraordinario nivel de honorarios y gastos incurridos por el Comité es un resultado directo de su decisión de tratar este caso como un litigio desde el principio, así como de cortar abruptamente las negociaciones hace aproximadamente seis semanas sin ninguna razón discernible”.
Por ello, el banco decidió que los honorarios y gastos de los profesionales del Comité deben ser sustancialmente rechazados.
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